- Carta abierta a la ciudadanía
La señora delegada del gobierno de Madrid utiliza la mentira y el terrorismo verbal para criminalizar a la plataforma contra los desahucios y a su portavoz Ada Colau
La opinión pública respalda y se solidariza con la plataforma contra los desahucios.
Estimados ciudadanos, estimados ciudadanas:
Hoy la delegada del gobierno en la comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes, ha cruzado todas las líneas rojas, aunque se veía venir, por su política represiva alentando y justificando brutalidades policiales, sancionando con miles de euros a los participantes en manifestaciones de protesta y a los movimientos sociales, pero esta vez ha ido demasiado lejos tildando de pro etarras a los integrantes de la plataforma, de apoyar a grupos que simpatizan con ETA y de practicar la Kale borroka.
Usted Cristina Cifuentes emplea el terrorismo verbal de la mentira para criminalizar un movimiento social que se ha ganado el respaldo, el respeto y la solidaridad de la opinión pública. El premio nobel de literatura Jose Saramago decía que el mundo hay dos superpotencias los Estados Unidos de Norteamérica y la opinión pública.
La toma de conciencia de la ciudadanía que había interiorizado que frente a los poderosos; la banca, la justicia, el dinero, el poder político, las fuerza de seguridad… no se podía hacer nada, a través de este método de lucha se ha logrado el rearme ético de los ciudadanos/as en torno a la frase “Si se puede”, se puede vencer pacíficamente con la no violencia activa a los que practican la violencia, el terrorismo de estado y la mentira.
El derecho a la vivienda es un derecho constitucional, enviar un grupo de policías o guardias civiles a desalojar a una familia de su vivienda es de una violencia brutal, además vulnera artículos concretos de la constitución y los valores constitucionales.
Disolver a ciudadanos/as que se solidarizan con la familia desahuciada a golpes, a empujones, arrastrando a personas mayores, es violencia y brutalidad policial. Echar de la vivienda a la calle, a la intemperie, a niños/as enfermos, a ancianos y discapacitados es violencia terrorista.
Señora delegada, ya está bien de emplear dos varas de medir, una para la familia de los políticos, que son responsables de una legislación que mantiene privilegios para la banca, contenidos criminales a la hora de firmar las hipotecas, la política del sector financiero que es especulativa y de genocidio social están blindados y protegidos por ustedes, deben de estar entre algodones.
El mundo al revés, en lugar de mandar usted a las unidades policiales a desahuciar una familia de su vivienda, ¿por qué no envía el operativo policial a desahuciar y a detener a los consejos de administración de los grandes bancos que han provocado esta burbuja inmobiliaria especulativa?
En nuestro país se rescata a las bancos y se desahucia a las personas, ¿tiene sentido que los bancos alemanes que se arriesgaron prestando dinero a los bancos españoles y que durante un periodo ganaron tantos beneficios ahora que tienen perdidas se nieguen a asumir que eligieron mal a quien prestar? ¿Es este el libre mercado? ¿Tiene sentido por otra parte que las deudas de las entidades financieras las tengan que pagar los trabajadores en forma de recortes sociales y económicos? ¿Es o no violencia esta estafa? ¿Es o no terrorismo financiero?
Los bancos españoles deben a los bancos alemanes al cierre de 2012, 139.919 millones de dólares; deben a los bancos franceses 115.261 millones de dólares; a los bancos de reino unido 84.763 millones de dólares; a la banca de los países bajos 67.517 millones de dólares; a la banca de EE.UU 41.803 millones de dólares; al sector financiero italiano se le adeuda 26.303 millones de euros.
En España se lanzan diariamente más de 600 desahucios, de los 9 suicidios diarios, tres están relacionados con la ruina económica y con los desahucios, la opinión pública está conmocionada, alarmada por el aumento del paro, de la exclusión social, de la pobreza que lleva a miles de familias a no poder pagar la hipoteca.
La respuesta señora delegada no es llamar pro etarras a lo más solidario, cívico y digno de nuestra sociedad. Es legítimo resistir ante la pérdida de derechos impuesta por los mercados, la justicia debería penalizar la violencia contra las personas y garantizar condiciones de vida dignas; construir alternativas y enfrentarse pacíficamente a un sistema que le ha declarado la guerra a las personas y a la naturaleza es absolutamente legítimo, necesario y también legal.
Señora delegada, ustedes sí amparan y blindan:
- A los comisionistas que tienen cuentas multimillonarias en Suiza y pagan con sobres de dinero negro
- A los que evaden capitales de España situándolos en el extranjero
- A los que tienen sus fortunas en paraísos fiscales
- A los que tienen títulos de nobleza y saquean sin ningún escrúpulo hasta los fondos dedicados a los discapacitados
- A los que se quedan con los fondos de Expedientes de Regulación de Empleo (Eres) destinados a los parados
- A los que son prófugos de la justicia, de los que usted conoce algún caso personalmente, por cerrar la empresa y no pagar a los trabajadores.
Hay una crisis de representatividad, de calidad democrática, se promete un programa a los electores/as y se hace todo lo contrario, ante este fraude abuchear a los políticos/as que provocan estas injusticias no solo no es ilegal, no se invade ningún ámbito que no haya sido invadido por ustedes en los desahucios, sino que se actúa pacíficamente señalando a los responsables.
Estamos ante un recurso a la defensa propia a los ciudadanos/as y además de una aportación a la calidad democrática, por todo ello señora delegada se podría usted haber metido la lengua donde la espalda pierde su nombre.
Antonio Romero Ruiz
Coordinador de la Red de Municipios por la III República
Presidente de honor del P.C.A.
Ex parlamentario de I.U.
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